Hace unas semanas me encontraba con un buen amigo y su familia en un área de servicio cercana a la frontera entre España y Portugal. Se dirigían hacia el país vecino, con el objetivo de, en una farmacia de calle al azar, adquirir Bexsero, la vacuna meningocócica del grupo B (meningitis B). Lo curioso del caso, es que días después, y obviamente por curiosidad profesional le presté más atención al caso, tratándose de un caso de acceso, pero más curioso resulta- sin duda- encontrártelo en un área de servicio de una gasolinera de una autopista española.
El caso es que este amigo recorría más de 200 km para llegar a la primera localidad portuguesa, y en cualquier farmacia de calle, realizar una compra masiva y por encargo para un grupo de padres, con una factura final de 950,60€ (10 unidades con un precio de 95,06€/unidad). La vacuna tiene un PVL de 72€, y son precisas entre 2 y 4 dosis en su posología.
El pasado mes de agosto de 2014, el Ministerio de Sanidad confirmó en España el reembolso de la primera vacuna para la prevención de la enfermedad meningocócica por serogrupo B (meningitis B), aunque después de las recomendaciones planteadas por la Comisión de Salud Pública, su uso fue restringido al ámbito hospitalario para las situaciones de mayor riesgo. Sanidad justificó la restricción de Bexsero, por la falta de datos sobre su eficacia y seguridad.
Frente a esta situación, puntos de vista bien distintos, por una parte la reacción de la Asociación Española de Pediatría solicitando al Ministerio de Sanidad la inclusión de Bexsero en el calendario vacunal, o al menos la venta libre en las farmacias; y por otra parte, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), que emitía una comunicaciónponiendo incluso en duda la decisión de aprobación de uso restringido de la AEMPS por la falta de datos relevantes respecto a la eficacia y efectividad de Bexsero.
Mientras tanto, las movilizaciones sociales por parte de las familias afectadas no se han hecho esperar, y una plataforma como www.change.org ya tiene on line la causa para la recogida de firmas. El caso Hepatitis C ha despertado a los grupos de población afectados con problemas en el acceso a la salud.
Con todo ello, me vienen varias ideas de forma telegráfica:
– Entiendo que los criterios científico- económicos son los criterios primordiales para la aprobación o no, del acceso al mercado de una molécula.
– Los criterios científicos no son analizados del mismo modo desde la Asociación Española de Pediatría y desde la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), que incluso llega a acusar a la primera, de conflicto de intereses.
– En base a estos criterios científico- económicos, no entiendo la polémica en España, cuando esta misma vacuna ya está autorizada por procedimiento centralizado en la Unión Europea desde Enero 2013, estando disponible en Alemania, Francia, Portugal, República Checa, Italia, Reino Unido, Irlanda, Grecia, Austria, Polonia y Hungría. Incluso fuera de la UE (Australia y Canadá) ya han aprobado su uso.
– Incluso alguno de los países anteriormente mencionados de la UE ya tienen la vacuna en sus programas nacionales y regionales de vacunación, Reino Unido, Alemania (Saxonia), Italia (Basilicata, Puglia y Toscana), República Checa, Australia y Canadá (Quebec).
– El libre acceso en las farmacias- como única salida, no haría otra cosa que favorecer a las familias con rentas más altas, dado que estamos hablando de una vacuna con un PVP de más de 90€.
– Ante la situación actual en España de uso restringido al uso hospitalario para situaciones de mayor riesgo, los facultativos y profesionales sanitarios se ven en una encrucijada entre la buena voluntad, la ética y la legalidad, dado que es obvio que algunos de ellos, están prescribiendo el tratamiento a la población infantil de su territorio, a sabiendas de su prohibición para el uso ambulatorio, provocando ese “turismo sanitario o del medicamento”, con todas las consecuencias que se pueden producir a raíz de estas situaciones, tanto a nivel de mercados paralelos, como ante posibles reacciones adversas del tratamiento y las consecuentes responsabilidades.
– La viralidad de los nuevos sistemas y técnicas de la comunicación, como las redes sociales hacen que los grupos de población afectados, reclamen y ejerzan cierta presión sobre las políticas de valoración de algunas innovaciones para algunas patologías, por ejemplo Hepatitis C, y ese ejemplo está produciendo su réplica.
– El uso electoralista del acceso a la salud debe ser totalmente nulo.
– La Economía de la Salud plantea diferentes modelos de consenso económico basados en criterios científicos para este tipo de negociaciones entre las multinacionales y las administraciones públicas.
Creo que es evidente para los profesionales del Acceso al Mercado, que se nos avecinan nuevos criterios de argumentación para una Nueva Economía de la Salud, que debe de satisfacer a todas las partes que intervienen en el proceso, asociaciones de pacientes, comunidades científicas, administración pública y las multinacionales que buscan amortizar su i+ d.